Política

Trife: renovación necesaria

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En marcha está el proceso para el nombramiento de los 7 magistrados que presidirán el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es un asunto menor. Ellos calificarán la elección presidencial del 2018. 

En noviembre próximo terminará una era en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La renovación de los siete magistrados electorales será clave para la vida del país; los nuevos ocupantes del Tribunal calificarán la elección del 2018.

El periodo de los magistrados electorales en funciones concluirá a principios del penúltimo mes del año; con su salida se cierra otro de los capítulos cuestionados de ese órgano.

Escándalos de supuesta corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y decisiones que han dejado inconformes a más de uno, han marcado la gestión de los magistrados electorales salientes.

Al igual que sus predecesores –que calificaron la elección presidencial del 2006- los magistrados salientes llevarán a cuestas el cuestionamiento de varios sectores sociales.

Los magistrados del máximo tribunal que dejarán su cargo a principios de noviembre son el actual presidente, Constancio Carrasco Daza; y los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López.

A ellos se suma Alejandro Luna Ramos, que en abril del 2015 terminó su periodo y cuyo relevo no fue nombrado a tiempo por el Senado, estando vacío ese espacio desde entonces.

El relevo de los siete magistrados será uno de los retos que enfrente el Senado de la República en el próximo periodo de sesiones, que comienza el 1 de septiembre.

La Cámara Alta es quien tiene la facultad de realizar los nombramientos una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine a los candidatos que participarán en las siete ternas a elegir.

Un total de 130 personas respondieron a la convocatoria de la SCJN para participar en el proceso de selección de los nuevos magistrados.

Apenas se apuntaron en la lista para participar en el proceso, y ya algunos nombres están marcados por la polémica de su aspiración.

Quienes formen parte del nuevo TEPJF a partir del 4 de noviembre próximo, tendrán ante sí la resolución de los asuntos que deriven de las elecciones del 2017 y, sobre todo, la presidencial del 2018, que se perfila como una de las competencias electorales más reñidas de los últimos años.

Este 2016, la SCJN y el Senado elegirán a siete magistrados electorales que comenzarán su labor el 4 de noviembre próximo.

Dos de los magistrados culminarán su encargo el 31 de octubre del 2019; dos, el 31 de octubre del 2022; y tres, el 31 de octubre del 2025.

En noviembre próximo terminará una era en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La renovación de los siete magistrados electorales será clave para la vida del país; los nuevos ocupantes del Tribunal calificarán la elección del 2018.

El periodo de los magistrados electorales en funciones concluirá a principios del penúltimo mes del año; con su salida se cierra otro de los capítulos cuestionados de ese órgano.

Escándalos de supuesta corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y decisiones que han dejado inconformes a más de uno, han marcado la gestión de los magistrados electorales salientes.

Al igual que sus predecesores –que calificaron la elección presidencial del 2006- los magistrados salientes llevarán a cuestas el cuestionamiento de varios sectores sociales.

Los magistrados del máximo tribunal que dejarán su cargo a principios de noviembre son el actual presidente, Constancio Carrasco Daza; y los magistrados María del Carmen Alanís Figueroa, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López.

A ellos se suma Alejandro Luna Ramos, que en abril del 2015 terminó su periodo y cuyo relevo no fue nombrado a tiempo por el Senado, estando vacío ese espacio desde entonces.

El relevo de los siete magistrados será uno de los retos que enfrente el Senado de la República en el próximo periodo de sesiones, que comienza el 1 de septiembre.

La Cámara Alta es quien tiene la facultad de realizar los nombramientos una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine a los candidatos que participarán en las siete ternas a elegir.

Un total de 130 personas respondieron a la convocatoria de la SCJN para participar en el proceso de selección de los nuevos magistrados.

Apenas se apuntaron en la lista para participar en el proceso, y ya algunos nombres están marcados por la polémica de su aspiración.

Quienes formen parte del nuevo TEPJF a partir del 4 de noviembre próximo, tendrán ante sí la resolución de los asuntos que deriven de las elecciones del 2017 y, sobre todo, la presidencial del 2018, que se perfila como una de las competencias electorales más reñidas de los últimos años.

Este 2016, la SCJN y el Senado elegirán a siete magistrados electorales que comenzarán su labor el 4 de noviembre próximo.

Dos de los magistrados culminarán su encargo el 31 de octubre del 2019; dos, el 31 de octubre del 2022; y tres, el 31 de octubre del 2025.

Politizado desde el nombramiento

A pesar de que en el nombramiento de los magistrados electorales participan tanto la SCJN, que conforma las ternas de elección, y el Senado, que vota por quienes considera que tienen el mejor perfil, el proceso ha sido criticado por estar viciado por cuotas partidistas.

En el 2006, año en que se renovaron la mayor cantidad de lugares en el TEPJF, las cuotas partidistas fueron patentes en cada paso del proceso, hecho aún más llamativo porque apenas unos meses atrás se había registrado el conflicto electoral entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

En notas de la época quedó escrito el apoyo unánime de los ministros de la SCJN que dieron solo a dos candidatos: Constancio Carrasco Daza, abogado y a quien se vincula por su lazo familiar con Diódoro Carrasco Daza, exgobernador de Oaxaca y exsecretario de Gobernación del PRI, quien acababa de afiliarse al PAN, en el 2005; y Manuel González Oropeza, vinculado con el PRD y defendido por esa bancada en el Senado.

Ese año, otra elección de magistrado cuestionada por muchos fue la de María del Carmen Alanís, quien había sido secretaria ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2004 y 2005, cuando Luis Carlos Ugalde era consejero presidente.

Aunque en el 2006, cuando fue electa magistrada del TEPJF, Alanís fue identificada como amiga personal de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente electo Felipe Calderón, antes fue señalada por su cercanía con Manlio Fabio Beltrones.

En su libro “Así lo viví” (DeBolsillo, 2012), donde Luis Carlos Ugalde narra su paso como presidente del IFE antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 2006, Alanís fue identificada como una persona cercana al priista.

“Poco antes de votar el nombramiento (de Alanís, como secretaria ejecutiva del IFE), Fernando González, yerno de Elba Esther (Gordillo), me llamó. Me expresó que su jefa estaba preocupada por la cercanía de Alanís con el diputado Manlio Fabio Beltrones. Temían que por medio de ella el diputado interviniera en la vida interna del Instituto (…).

“Le narré que la conocía de años y que consideraba que podría desempeñar el cargo con eficacia y lealtad institucional: lealtad al instituto, no a Gordillo ni a Beltrones ni a nadie del exterior.

Después de escucharme, Fernando reiteró que si se nombraba a Alanís como secretaria ejecutiva habría molestia y desconfianza. ‘Dile a Ugalde que Alanís les va a hacer mucho daño’, habría dicho Elba Esther en esos días”, narra el exconsejero presidente del IFE, en su libro.

En 2006 también se dio la discusión sobre si Alejandro Luna Ramos, electo en el 2005 como suplente del fallecido José Luis de la Peza, debía solo concluir el periodo de éste o quedarse por 10 años.

Al final, por presión de los senadores del PAN, se decidió que se quedara hasta 2015, como ocurrió.

Este año, en la elección de los nuevos siete magistrados, ya comenzaron también los cuestionamientos hacia quienes se anotaron en la lista de selección.

Luego de la convocatoria emitida por la SCJN para el armado de las ternas, 130 personas se inscribieron al proceso; de ellos, tres son consejeros electorales en funciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

Se trata de los consejeros Marco Antonio Baños; Adriana Favela; y Beatriz Galindo.

Fue Pablo Gómez, representante del PRD ante el Consejo General del INE, quien levantó la voz y señaló que a través de estos consejeros el PRI y el PVEM buscan tener influencia en las decisiones del TEPJF, pues cuando fueron electos –en abril del 2014-, las bancadas del tricolor y el verde los impulsaron para llegar al Instituto.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ver que ningún propuesto para magistrado tenga nexos con los partidos políticos y estos consejeros de aquí evidentemente lo tienen, porque los partidos los trajeron”, sostuvo Gómez.

El jaloneo por el nombramiento de los magistrados estará en su esplendor en las próximas semanas.

Se van:

Los magistrados del máximo tribunal que dejarán su cargo a principios de noviembre son:

>Constancio Carrasco Daza

>Flavio Galván Rivera

>Salvador Olimpo Nava Gomar

>Pedro Esteban Penagos López
>Manuel González Oropeza
>María del Carmen Alanís Figueroa

Familia con Poder

> En enero del 2014, Reporte Indigo reveló que Luna Ramos había colocado al menos a 11 familiares en cargos del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal.

Resoluciones polémicas

Al ser el máximo órgano electoral del país, las resoluciones del TEPJF no siempre han dejado una sensación de certeza y legalidad tanto entre los involucrados como entre la sociedad mexicana.

Los antecesores de los actuales magistrados fueron cuestionados, sobre todo, por su resolución y declaración de validez de la elección federal del 2006, donde se declaró al panista Felipe Calderón como presidente de la República.

Semanas después de la declaratoria de validez de esa elección –que se declaró el 5 de septiembre del 2006-, todos los magistrados electorales fueron sustituidos por quienes próximamente dejarán su cargo.

Ellos, sin embargo, no se salvaron de la polémica por sus resoluciones.

La más significativa es, quizá, la calificación de la elección presidencial del 2012, que estuvo rodeada de cuestionamientos por el llamado “Caso Monex”, en el que el PRI supuestamente repartió tarjetas canjeables por dinero en efectivo o artículos de despensa, con lo que habría comprado el voto.

En febrero del 2015, más de dos años y medio después de la elección del 2012, el TEPJF exoneró al PRI y decidió que el tricolor no incurrió en delito alguno al repartir dichas tarjetas Monex y no compró ni coaccionó el voto a través de dicho instrumento.

La resolución causó el descontento en la oposición, que acusó al Tribunal Electoral de dar carpetazo a un caso que ponía en entredicho la elección de ese año.

Otro de los temas que levantó polémica fueron las diferentes resoluciones que beneficiaron al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por las constantes multas que el INE le imponía por presuntas violaciones a la ley.

En 2013, por ejemplo, el Tribunal decidió revocar una multa que había sido impuesta al Verde por la contratación de propaganda en televisión en los años 2008 y 2009 –publicidad disfrazada en la telenovela “Un Gancho al Corazón”, de Televisa- a pesar de que su adquisición ya era prohibida por la ley electoral.

La multa que había sido impuesta por el IFE, en el 2012, era de 194 millones de pesos; se trataba de la tercera más alta que el Instituto hubiera determinado contra algún actor político que rompiera la ley.

La más costosa fue por el caso del Pemexgate, en que se multó al PRI por mil millones de pesos; y la segunda fue la impuesta al PAN y el PVEM, por el caso de los Amigos de Fox.

A esta revocación de la multa para el PVEM, siguieron otras.

El Tribunal rebajó también la multa que le había sido impuesta al Partido Verde por la propaganda de los informes de sus legisladores, al descontarle 108 millones de pesos –pasó de 322 a 214 millones de pesos-.

La medida fue tomada porque se consideró que se aplicaba doble vez el agravante de dolo en la transmisión de los 293 mil 321 spots con los que los diputados y senadores del Verde posicionaron a su partido en radio, televisión, cines e internet al hablar de los logros legislativos del partido.

Más polémica

Otra resolución polémica, también relacionada con el PVEM, fue la exoneración de personas de la farándula y el deporte profesional que el 6 de junio, un día antes de la jornada electoral del 2015, emitieron mensajes en Twitter a favor del Verde.

En febrero del 2016, el TEPJF determinó que estas 31 personalidades no violaron ninguna ley y solo hicieron uso de su libertad de expresión en redes sociales. Fueron exonerados.

Entre quienes libraron una multa estaban, de la farándula, Belinda, Gloria Trevi, Ninel Conde, Andrea Legarreta, Araceli Arámbula, Kalimba, Galilea Montijo, Aleks Syntec, Daniel Bisogno y Jorge Van Rankin.

También a deportistas como Miguel Herrera, exdirector técnico de la Selección Nacional; Julio César Chávez, exboxeador.

Los otros escándalos

Además de sus resoluciones, los magistrados del TEPJF también han sido protagonistas de diversos escándalos que han marcado el quehacer del máximo órgano electoral del país.

Uno de los más sonados fue la intención de que se otorgara un haber de retiro a cada uno de los magistrados, una vez que terminaran su encargo.

Como parte de la reforma político electoral, que modificaba las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; y en materia de Delitos Electorales, el Congreso aprobó en mayo del 2014 la institución de un “haber de retiro” para los magistrados electorales.

La frase “haber de retiro”, que se encontraba en uno de los artículos transitorios de la reforma, fue interpretado como la asignación de una pensión vitalicia para los magistrados, una vez que terminaran su periodo.

La pugna entre el PRI, el PAN y el PRD se encendió por el rechazo que el tema provocó en redes sociales.

Mientras el PRI buscaba acotarlo a un pago al final de su encargo como magistrados electorales, el PAN y el PRD querían eliminarlo.

Los perredistas, incluso, acusaron al PRI de sobornar a los magistrados electorales prometiéndoles una pensión vitalicia.

Por el escándalo que provocó la medida, los magistrados electorales anunciaron –una semana después de que fue aprobado- que no cobrarían el haber de retiro, aunque consideraban que era justo que se les otorgara.

Finalmente, en junio del 2014 el Congreso de la Unión votó por derogar definitivamente el haber de retiro de la reforma político electoral.

Otro escándalo que saltó a la vista fue la colocación de familiares en puestos clave que hizo el expresidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos.

En enero del 2014, Reporte Indigo reveló que Luna Ramos había colocado al menos a 11 familiares en cargos del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal.

La red familiar incluía a hermanos de Luna Ramos, así como a hijos, exesposas, yernos, nueras y sobrinos. Todos cobrando salarios como servidores públicos.

Una más de las polémicas sonadas en el Tribunal Electoral ocurrió cuando una empleada del órgano fue acusada de cobrar un “moche” por la compra de un inmueble.

La adquisición del edificio, sin embargo, era gestionada por la tía de uno de los magistrados electorales.

Los hechos ocurrieron en el 2007, cuando Norma Inés Aguilar León trabajaba como coordinadora de asesores del magistrado Flavio Galván, en ese entonces presidente del Tribunal.

Aguilar fue acusada por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar de exigir una comisión a una corredora de bienes raíces… que resultó ser su tía, Olga Gomar.

El supuesto cobro del moche fue exigido por Octavio López, esposo de Norma Aguilar. La versión de Olga Gomar fue que Octavio López le dijo que la comisión por la compra del inmueble debía ser repartida entre ella y él, en partes iguales.

Olga Gomar –quien según la investigación se presentó con otro nombre- acusó a Octavio López con la madre de su sobrino magistrado y presentó una denuncia.

Al día siguiente de la denuncia, Flavio Galván dejó la presidencia del TEPJF; en su lugar quedó María del Carmen Alanís, quien destituyó a Norma Aguilar.

Dos años después, la investigación mostró que los tíos del magistrado Nava Gomar quisieron quedarse con una comisión de más de 3 millones de pesos por la compra de ese inmueble.

Los hechos contra Norma Aguilar y su esposo no se acreditaron; el caso fue llevado por Aguilar, incluso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hoy Norma Aguilar es cuarta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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