Política

CNTE, riesgo nacional

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Desde el 2003 el CISEN incluía en su Agenda Institucional de Riesgos a la disidencia magisterial, entre ellos al bloque sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como un riesgo para la gobernabilidad en México

Así como el narcotráfico, la guerrilla, las alzas en los delitos del fuero común y el tránsito de terroristas, la disidencia magisterial en México es un tema de seguridad nacional.

Los grupos del sector laboral que exigen revisiones salariales son parte de la Agenda Institucional de Riesgos (AIR) de la inteligencia oficial mexicana, pues podrían dañar la gobernabilidad democrática del país.

La protesta social suele llevar a escenarios en que las cosas se salen de control y surgen crisis políticas, el caso Nochixtlán.

El 19 de junio en un enfrentamiento entre la CNTE y organizaciones afines con policías federales –en donde fallecieron al menos ocho personas– es el más reciente de estos escenarios.

La más recientemente Agenda pública de este documento que elabora el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es la de 2003, y fue otorgada a través de una solicitud de información.

En ese año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la CNTE -su brazo disidente- formaban parte de esta conglomeración de sindicatos y estaban identificados por el mapeo del Gobierno federal como un riesgo para la gobernabilidad democrática.

“Revisiones salariales y contractuales: sector energético (Luz y Fuerza del Centro, CFE y Pemex), industria azucarera, sobrecargos, telefonistas, IMSS y sector automotriz. Escenario complejo de la negociación entre FSTSE y gobierno federal por el incremento salarial a la burocracia”, indica la Agenda Institucional de Riesgos en lo referente a “Sector Laboral” del capítulo “Gobernabilidad democrática”.

Referirse a la FSTSE en ese tiempo era hablar de la organización gremial más grande del país.

Considerada como bastión del sector obrero del PRI -que entonces encabezaba la oposición tras haber gobernado el país durante siete décadas- y que cobraba una décima parte de su sueldo a casi 2 millones de burócratas.

En caso de una manifestación, la FSTSE lograba grandes achaques en la Ciudad de México, como hoy hace la CNTE.

La entonces dirigente Elba Esther Gordillo se dio cuenta del amplio poder que tenía su gremio en el interior de la FSTSE y operó, con una veintena de organizaciones, el denominado Frente de Lucha para la Recuperación y Dignificación de la FSTSE para deslindarse de la Federación de sindicatos y establecer su propio movimiento a finales de este año.

Además del sindicato de la SEP, de la FSTSE se deslindó la organización gremial de Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Imcine, Conade, Pronósticos para la Asistencia Pública, Controladores de Tráfico Aéreo, Productora Nacional de Semillas, INEGI, Capufe, PGJDF, GDF, Metro, Profeco y Sistema de Administración Tributaria, entre otras.

En ese año, 21 de 78 organizaciones se separaron de la FSTSE, en un movimiento político que preocupó al gobierno de Vicente Fox y junto con el Gabinete de Seguridad se instauró un seguimiento al movimiento social.

La fuerza de operación y control de los sindicatos y sus exigencias económicas con el Estado, colocaron a la base obrera como un tema prioritario en la agenda de riesgos que llegó a la oficina presidencial.

La brújula del peligro

En 1989 se estableció la primera Agenda Institucional de Riesgos (AIR) del Estado mexicano, que no se ha hecho pública. En tanto que el SNTE surgió en 1943 y su ala disidente –la CNTE– se conformó en 1979.

“En México, a partir de la mitad de la década de los 80, se replantearon las labores de inteligencia para orientar las acciones operativas en materia de la seguridad nacional, para lo cual se integró la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), que a partir de 1989 se transformó en el Cisen con autonomía técnica y de gasto”, indica un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha avalado el procedimiento para el establecimiento de este documento.

“Estas transformaciones administrativas sentaron las bases para, en su momento, blindar el aparato de inteligencia civil frente al narcotráfico y ajustar las tareas operativas de seguridad nacional al marco del Estado de derecho, lo que propició que paulatinamente hubiera mayor apertura en los ámbitos político y académico para conceptualizar la seguridad nacional desde una perspectiva integral, que involucrara los problemas nacionales en el entorno económico, social y político, a fin de detectar los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional, dando pauta a la integración de la primera Agenda Institucional de Riesgos (AIR)”.

Los problemas de México

Además de la burocracia enardecida por la exigencia de mejorar sus salarios, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sus escisiones, los cárteles del narcotráfico, los problemas de prevención del delito y la procuración de justicia, así como el tránsito de terroristas y la relación bilateral eran los principales pendientes del gobierno mexicano hace 12 años.

“Son limitadas las posibilidades de que las conversaciones de paz puedan reanudarse durante 2003 ante la negativa del EZLN al diálogo y por su decisión de condicionarlo a la aprobación del proyecto de Ley de la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación)”, refiere la Agenda.

El documento indica que los zapatistas mantenían una estrategia de resistencia prolongada y planes para la reconstrucción de su movimiento.

“Las redes de apoyo del EZLN no logran superar su tendencia a fragmentarse y continúan tratando de materializar los planes de fortalecimiento del grupo armado”.

Entre los riesgos en Chiapas se consideró el rechazo definitivo del Ejército Zapatista a cualquier proceso de pacificación, enfrentamientos entre bases de apoyo y grupos desafectos, así como el hostigamiento contra pobladores no zapatistas.

En el caso del EPR el documento indica que las organizaciones subversivas continuarán privilegiando la actividad discursiva y propagandística, aunque se mantiene el riesgo de que se reactive su vertiente armada.

“Atención especial merecerán los estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal; además de las regiones Huasteca y Norte (Hidalgo) y Zongolica (Veracruz)”.

El documento alerta también por el surgimiento de nuevas escisiones y el fortalecimiento de las ya existentes “que podrían traducirse en acciones de carácter violento o la profundización de las divergencias entre los grupos armados, sobre todo en Guerrero.

En lo referente a combate contra el narcotráfico, el informe alerta del incremento en la producción de drogas sintéticas por parte de las organizaciones delincuenciales y la utilización de nuevas rutas para el tráfico.

“Incremento en la utilización de la ruta marítima en el Pacífico para el trasiego de drogas desde Colombia, así como la del Caribe y la vía aérea desde Centroamérica hacia la frontera noroeste de México con Estados Unidos”, refiere la última AIR que es pública.

En el país se detectó una mayor disponibilidad de drogas de menor calidad, así como la “proliferación de centros de distribución y venta de droga en toda la República mexicana”.

La reestructuración de algunas organizaciones había incrementado la violencia y había que poner especial atención en Baja California, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas.

En materia de prevención del delito, en 2003 el órgano de inteligencia mexicano indicó en su análisis que el principal problema era la dificultad de los tres ámbitos de gobierno por deficiencias en su coordinación.

La Agenda considera que “el aumento en el consumo de enervantes influirá en la conducta delictiva y en la edad de quienes delinquen, que se prevé sea cada vez menor”.

En el ámbito terrorista, señala que existe riesgo de que el territorio nacional sea utilizado por agresores extranjeros en tránsito hacia Estados Unidos, así como que México sea utilizado como refugio y fuente de financiamiento para integrantes de la organización terrorista vasca.

En lo referente a la relación bilateral, los temas prioritarios eran la seguridad de los estadounidenses en territorio mexicano y la migración para los mexicanos.

“En este año habrán de presentarse controversias comerciales, tales como las de la azúcar, el transporte y la apertura geopecuaria, así como diferendos económico-ambientales como el del agua. En tal virtud, dichos temas ocuparán un lugar relevante en la agenda bilateral”, indica la AIR.

Los pendientes

Hace 12 años, el Gobierno federal tenía en la mira:

>Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

>El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sus escisiones

> Los cárteles del narcotráfico

> Los problemas de prevención del delito

> La procuración de justicia

> El tránsito de terroristas

> La relación bilateral

El diálogo frente al dinero

En el discurso es beligerante y dice procurar el bien común; en la negociación, todo gira alrededor de los intereses monetarios. Así opera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Son varias las ocasiones en que aboga por causas que parecen imposibles, pero retira sus plantones en cuanto hay un arreglo monetario. Así ha operado la Coordinadora en los diferentes plantones en Michoacán, Morelos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente.

Se establece en los plazas centrales de las capitales, irrumpe la actividad económica y espera a que los dirigentes logren en la negociación un incremento.

Este es el único punto en el que están de acuerdo el SNTE y su ala disidente, la CNTE. El Sindicato solicitó al secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, que sean respetados los derechos y conquistas de los maestros y no se vean afectados sus salarios.

En la negociación, hace un año, cuando los maestros tenían sólo el plantón en el Monumento a la Revolución, se exigía la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la abrogación de las reformas estructurales, la autonomía de negociación para la CNTE con los diferentes órganos de gobierno, ser tomada en cuenta para la constitución del nuevo modelo educativo y que se garantizara el derecho de la base trabajadora para elegir a sus dirigentes.

Asimismo, la CNTE pedía al gobierno que se destinara 12 por ciento del Producto Interno Bruto para el ámbito educativo -actualmente es de 3.5 por ciento- y que se garantice de esta manera la infraestructura, mantenimiento, equipo, útiles escolares, uniformes, becas, comedores, desayunos calientes y pago de los diferentes servicios en las escuelas.

“En defensa del normalismo, exigimos incremento de la matrícula, revisión de la currícula, asignación automática de plazas a todos los egresados de normales públicas del país y alto a la represión en contra de los estudiantes normalistas”, indica el pliego petitorio entregado en la Secretaría de Gobernación.

Los maestros exigen un “aumento salarial del 100 por ciento, mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación activos, personal de apoyo y asistencia a la educación y jubilados”.

En este año, se mantiene el pliego petitorio de los maestros, pero además se exige evitar el cese de personal, como lo dictamina la Reforma Educativa.

Alzan la mano

Hace un año, cuando los maestros tenían un plantón en el Monumento a la Revolución, se exigía:

> La presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa

> La abrogación de las reformas estructurales

> La autonomía de negociación para la CNTE con los diferentes órganos de gobierno

> Ser tomada en cuenta para la constitución del nuevo modelo educativo

> Que se garantizara el derecho de la base trabajadora para elegir a sus dirigentes

>  Destinar 12 por ciento del Producto Interno Bruto para el ámbito educativo

> Incremento de la matrícula

> Revisión de la currícula

> Asignación automática de plazas a todos los egresados de normales públicas del país

> Alto a la represión en contra de los estudiantes normalistas

> Aumento salarial del 100 por ciento

>  Mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación activos, personal de apoyo y asistencia a la educación y jubilados

(RI)

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